LA CORRUPCIÓN, ELEMENTO ACTUAL DE LA SOCIEDAD, CASO ODEBRECHT.
Siglo
XXI, un siglo en donde las leyes y normativas cada día cambian con más
frecuencia en aras de lograr y garantizar un marco eficaz en donde los
implicados tengan derechos y deberes con la finalidad de obtener un tratamiento
justo y equitativo para todos como ciudadanos, en busca de construir una
sociedad nueva, libre de prejuicios y en la cual todos podamos participar.
Los
gobiernos de América Latina, especialmente el gobierno Colombiano invierten
esfuerzos importantes para evitar la ocurrencia de actos corruptos. Sin
embargo, por lo general no se han hecho evaluaciones de los resultados y
efectos de estas políticas y, por tanto, no existen criterios para saber si se
está avanzando en la dirección correcta.
La
corrupción es un acto que viola reglas de comportamiento, que perjudica los
recursos públicos y el interés general y que produce una ganancia privada, la
cual puede ser de diversos tipos: monetaria, de posición, política, de
información privilegiada, entre otras.
En
Colombia donde la desigualdad social y la debilidad de las instituciones, junto
con la existencia de una cultura política que favorece la desconfianza en los
demás y en las instituciones públicas, el clientelismo y el irrespeto de las
normas formales conducen en conjunto a incentivar comportamientos corruptos y
de búsqueda del beneficio privado por encima del interés general.
Es
así como observamos el caso específico de ODEBRECHT, que acabo con el destape
del escándalo de corrupción más grande en nuestro país, donde una constructora
de origen brasilero había pagado más de 4,6 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos a cambio de
grandes contratos para ejecutar en el territorio Colombiano.
Empecemos
por su presidente, el cual fue condenando a más de 19 años de prisión por temas
de corrupción fue el detonante para iniciar con las investigaciones en nuestro
país, para verificar si algún funcionario estaría implicado en el escándalo que
apenas iniciaba. Con el transcurso de los días y el avance en las
investigaciones se descubrió que la firma constructora había pagado 84 mil
millones de dólares para obtener el contrato de la ruta del sol en la fase 2 a través
de intervención de funcionarios y ex funcionarios públicos, los cuales se habían
encargado de adjudicar este tipo de proyectos a la firma brasilera.
Y
es que toda la red creada para la consecución de estos contratos deja ver
claramente la astucia y malicia para lo cual fue creada dicha red corrupta, entre
los cuales se encuentran implicados los altos mandos y los distinguidos padres
de la patria, los senadores Bernardo Miguel Elías, Mussa Besaile, Antonio
Guerra de la Espriella y el exsenador Plinio Olano Becerra, cuyos nombres salieron
a relucir durante la investigación.
El
fenómeno de la corrupción es un flagelo que está presente en todos los países
afectando la estabilidad de sus sistemas políticos y de sus instituciones,
lesionando sus economías y la moral de sus sociedades, haciéndose cada vez más
necesario, contar con análisis que permitan un mejor entendimiento del fenómeno
para formular estrategias integrales enfocadas a su erradicación.
El
fenómeno de la corrupción se halla inmerso en las diferentes funciones
estatales. La planeación, el presupuesto, la gestión de recursos humanos, la
administración de recursos físicos y el control fiscal, son entre otras áreas
de gestión en donde resulta evidente la desnaturalización de la función pública
por este fenómeno. Sin embargo, es en la contratación estatal donde resulta más
evidente la ingerencia de estas prácticas, ya que a través de la misma se
ejecutan los recursos públicos destinados a los diferentes cometidos del Estado.
Hoy
en día los diferentes métodos para poder realizar estos desfalcos a las cuentas
del erario publico van desde los sobornos como en este caso específico, pasando
por la celebración de contratos con empresas fantasmas, la selección del
personal contratista equivocado o que no cuenta con la experiencia necesaria, cobrando
altos precios a lo que no corresponde, renegociaciones de los contratos en
marcha con el objetivo de obtener mayores ganancias y finalmente facturando
bienes o servicios que nunca son recibidos.
En
síntesis la corrupción en la contratación pública de nuestro país, ocasiona una
serie de consecuencias que generan altos y graves costos con multiples repercusiones
no sólo de carácter económico, sino político y social, debido a las diversas formas
en que este fenómeno se puede manifestar.
En
efecto, las secuelas negativas de la corrupción distorsionan la economía, dejando
por fuera la obtención de beneficios que ayuden a las comunidades o un grupo especial
a lograr u obtener cierto objetivo u oportunidad que ayude a le mejoría de los
niveles de vida y mejoramiento de la sociedad. De esta forma, se reduce la
inversión, y debido a la ineficiencia que se refleja en la baja productividad
de la misma, generando sobrecostos que las empresas son incapaces de cubrir, como
resultado de las acciones intermediarias de los agentes y del pago de sobornos,
llevando esto, finalmente, a un desestimulo generalizado tanto en la inversión
doméstica y extranjera como en la aplicación de nuevas ideas e innovaciones
tecnológicas y, por lo tanto, disminuyendo el crecimiento económico
Finalmente,
como colombianos sabemos que existen unas debilidades institucionales importantes
relacionadas con los controles que se tiene o se implementan entre las
diferentes ramas del Estado, incluyendo el fortalecimiento de la rama judicial
y el desarrollo de un servicio civil profesional, y es precisamente es ahí
donde se debería concentrar la mayoría de esfuerzos, para lograr cambiar los
altos índices de corrupción entre los cuales nos encontramos inmersos.
